“Escuchando a Catalá, a Moix le quedan horas”. Así valoran fuentes próximas al Gobierno la situación del fiscal jefe Anticorrupción, al que el Gobierno parece haber dado la espalda después de que saliera a la luz la sociedad afincada en Panamá de la que es dueño en un 25%. Si hasta ahora los miembros del ejecutivo han respaldado al fiscal jefe Anticorrupción incluso después de que fuera reprobado en el Congreso de los Diputados, la posición ha cambiado en las filas del PP.
En una entrevista concedida a Onda Cero este miércoles, Manuel Moix ha avanzado que entre hoy y mañana mantendrá una conversación con el fiscal jefe, José Manuel Maza, y todo apunta a que el desgaste de las últimas informaciones le obligarán a cesar en su cargo. En la misma entrevista, el fiscal Anticorrupción ha reconocido que se equivocó al no contarle a Maza su vinculación con la sociedad panameña, aunque ha insistido en que no es incompatible con su cargo.
No piensan lo mismo desde el Gobierno después de que la situación del  fiscal jefe Anticorrupción se haya complicado tras las revelaciones de Vozpópuli, de que se diera a conocer que su padre fue investigado por alzamiento de bienes; un hecho que podría haber motivado la creación de la sociedad panameña a manos de su padre.
“Moix se quitará de en medio él solito”, resaltan voces del Ejecutivo, que confían en que la conversación entre ambos fiscales fructifique en un cese natural que no tenga que contar con la intervención del Gobierno. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha evitado respaldar a Moix y ha trasladado la responsabilidad de su cese en el fiscal general del Estado. “No es competencia del Gobierno”,  ha destacado a la salida del pleno.
Por lo pronto, este miércoles en los pasillos del Congreso los miembros del ejecutivo han respondido con frialdad sobre este asunto. Ni la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ni el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ni el mismo presidente, Mariano Rajoy, han querido pronunciarse sobre la frágil situación de Moix, con la esperanza de que el Gobierno no tenga que tomar ninguna decisión al respecto y que sea el propio fiscal jefe de Anticorrupción quien presente su dimisión.
El silencio del Ejecutivo se une a las primeras voces del PP que cuestionan abiertamente a Moix. Es lo que ha hecho el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, que le ha pedido este miércoles al fiscal que dé las explicaciones oportunas sobre el caso.
“Todos, los políticos, fiscales y jueces estamos sometidos a la legalidad. Si lo que tenía el fiscal era algo legal pues no hay nada que objetar”, ha dicho Garrido a su salida de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se ha reunido junto a otros consejeros autonómicos; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; y representantes del órgano de gobierno, entre ellos su presidente, Carlos Lesmes. No obstante, el consejero madrileño ha apuntado que de cualquier modo Moix sí que “debe dar las explicaciones oportunas”. “Imagino que las dará”, ha añadido.
Por otro lado, sobre el encuentro en el CGPJ para tratar la puesta en marcha este jueves de los nuevos juzgados especializados en las demandas sobre cláusulas suelo, Garrido ha enfatizado que ha sido una reunión “positiva” porque la Administración se ha adelantado para “dar solución” a un problema. Se trata de la falta de medios humanos y materiales para que estos órganos judiciales puedan funcionar con normalidad, según se han quejado muchos jueces.
Garrido ha subrayado que hay que esperar a conocer cuántas demandas relacionadas con estas cláusulas abusivas van a entrar en los juzgado para poner en marcha “paulatinamente”, a partir del mismo 1 de junio, los recursos necesarios.
Ha añadido que “teóricamente” se prevé que entren un millón y medio de procedimientos, por lo que el CGPJ ha pedido que sólo se cree un juzgado especializado con 10 funcionarios. “Pero será cuestión de ver la carga de trabajo que va llegando”, ha insistido.